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Expertos plantean crear nuevos tributos locales. Radiografía de la Financiación Local y Bases para su reforma.
La articulación de nuevos tributos locales como gravar el ruido que producen los aeropuertos o las molestias de los locales de la movida , es una de las vías que proponen los expertos para la mejora de la financiación, uno de los problemas más graves que tienen los ayuntamientos, siempre dependientes de las transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. En el trabajo de los profesores de la Universidad Carlos III y de la Universidad Complutense, Juan Zornoza Pérez y Javier Martín Fernández Las haciendas locales: Esas grandes olvidadas , publicado por Funcas, se apuesta por incrementar la suficiencia financiera de los municipios aprovechando que existen «manifestaciones de capacidad económica libres de gravamen».
Se trataría de regular unos tributos que no presentan una estricta finalidad recaudatoria sino también que van dirigidos al cumplimiento de «objetivos extrafiscales», generalmente de carácter medioambiental. Estos nuevos impuestos junto al incentivo de otros existentes como las contribuciones especiales son la fórmula que se apunta para disponer de más recursos.
LEGALIDAD Estos expertos han indagado en las posiblidades de regular nuevos tributos partiendo del Derecho español y comunitario existente. Así, un impuesto sobre la contaminación acústica que producen los aeropuertos a los residentes en las proximidades estaría perfectamente respaldado por la legislación vigente. Los países que han implantado este impuesto, como Alemania y Holanda, tienen en cuenta la capacidad de la pista, los tráficos, el peso del aparato, las horas en que se hace la maniobra, si se trata de un aterrizaje o un despegue, nivel de ruidos.
Otro de los impuestos que tendría cabida es uno que repercuta sobre los locales nocturnos que producen contaminación acústica y que tienen licencia hasta altas horas de la madrugada. Bares, terrazas, discotecas y similares generan un coste medioambiental que en opinión de estos expertos se debería asumir, ya que alrededor de estos establecimientos se produce siempre mucho ruido de gente que entra o sale, voces, motos y coches que aparcan o esperan en doble fila.
El estudio también plantea la posibilidad de gravar la publicidad, los usos excesivos del agua, algo que ya aplica en algunas ciudades como Gijón; se parte de la idea de que a pesar de ser un bien escaso tiene un coste muy barato en comparación con lo que se paga en Europa. El establecimiento de un peaje para acceder al centro de las ciudades, sobre todo en cascos históricos, ya se aplica en algunas ciudades europeas como también el pago de una tasa sobre las estancias en hoteles de lugares de riqueza medioambiental que hay que mantener.
Estos expertos también consideran que los ayuntamientos deben volver al cobro de las llamadas contribuciones especiales que permiten que los costes de determinadas obras, calles, paseos, colectores, sean asumidos en parte por los vecinos o comerciantes que son directamente beneficiados por las mismas.
La FEMP ya tiene ultimada su propuesta inicial que servirá de base para negociar el nuevo sistema de financiación de las Entidades Locales. Estas propuestas están recogidas en el informe “Radiografía de la Financiación Local y Bases para su reforma”, encargado a un grupo de expertos y posteriormente debatido en el seno de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP. En los últimos dos meses esta Comisión ha incorporado algunas sugerencias, antes de que la Ejecutiva de la Federación lo debatiera el pasado 20 de marzo.
Los objetivos de este documento son, por un lado, ofrecer un primer diagnóstico de la actual situación financiera de las Entidades Locales y, por otro, plantear las líneas generales de los que debería ser el futuro sistema de financiación local. El nivel de concreción en cuanto a las medidas propuestas no es muy alto porque, según ha explicado el Presidente de la Comisión de Haciendas Locales y de la Diputación de Badajoz, Juan María Vázquez, se prefiere posponer los debates de mayor calado para cuando se inicie el proceso negociador.
Diagnóstico
El diagnóstico arranca con la constatación de que los Gobiernos Locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas y que, en estos momentos, “nos encontramos con un escenario novedoso” con las reformas estatutarias en curso, las aprobadas y las pendientes de aprobar, y la inminente reforma del sistema de financiación autonómica.
El actual sistema de financiación local, según los expertos, se caracteriza por el gran peso de los tributos propios, con una estructura muy rígida, una gran dependencia de las transferencias corrientes del Estado y un escaso de desarrollo de las participaciones en los ingresos de las Comunidades Autónomas.
El documento también señala que la financiación de los servicios no obligatorios representa un grave problema para los presupuestos locales. Sobre este punto, además, se dice que desde hace años los Gobiernos Locales, además de los gastos impropios, sufren una pérdida efectiva de la autonomía del gasto al tener que participar en proyectos cuya financiación proviene en parte de transferencias finalistas y condicionadas de las Comunidades Autónomas. Por esto, se considera imprescindible hacer efectivo un sistema de Participación en los Ingresos de las Comunidades Autónomas de carácter incondicional.
Los expertos también ponen de manifiesto la gestión responsable de los Gobiernos Locales, en su conjunto, en lo que se refiere a la contención del nivel de déficit. Este buen comportamiento en materias de ahorro y déficit que se deduce de los datos observados, no debe ser interpretado como indicador evidente de que el modelo actual de financiación proporciona buena “salud financiera”, sino más bien como argumento en defensa del “buen hacer” o “gestión responsable” de la mayoría de los Gobiernos Locales, que han tratado de autocontrolar sus deseos de expandir el gasto en respuesta de las demandas ciudadanas, ciñéndose a sus disponibilidades financieras y huyendo de aventuras inciertas.
En definitiva, el actual sistema de financiación de las haciendas locales adolece, según se deduce del documento, de algunos defectos estructurales, entre ellos una estructura de ingresos poco flexible que impide la necesaria equivalencia entre los niveles de ingresos y el crecimiento económico que se produce en el territorio, en este caso en el municipio. Tampoco hay una correspondencia entre el nivel de los ingresos y la prestación de los servicios, ni entre la naturaleza de los servicios y el sistema impositivo local. De ahí que se señale la necesidad de una mayor aproximación entre fiscalidad local y variables económicas, como la renta y el consumo, frente al actual esquema de imposición sobre la propiedad.
Autonomía, equidad y corresponsabilidad
Partiendo de este análisis, considera que ha de abordarse una reforma del sistema territorial en su conjunto, de modo que se garantice la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos ámbitos, de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Esta reforma debería contemplar también una compensación económica a los esfuerzos financieros realizados para desarrollar servicios de suplencia que han sido crecientes en estos últimos años, como prerrequisito para crear las condiciones de una evolución equilibrada y sana de la función local. No se trataría tanto de consolidar y sanear deudas anteriores como de conseguir un sistema que, en su dinámica a medio plazo, permita diluir el esfuerzo financiero realizado en fases pretéritas.
El documento que será presentado al Gobierno plantea las líneas generales que deben inspirar la futura financiación local, partiendo de los tres ejes que sustentan el actual sistema: los tributos locales, la participación en los ingresos del Estado (PIE) y la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas.
Tributos locales
En materia de tributación, el documento apuesta por un espacio fiscal propio, suficientemente amplio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal. Las figuras tributarias serían pocas, pero con bases suficientemente amplias para poder incrementar la recaudación cuando sea necesario. Al mismo tiempo, deberían introducirse modificaciones significativas en la normativa de los impuestos actualmente vigentes para dotarles de mayor perfección técnica.
La fiscalidad inmobiliaria, entendida en sentido amplio, y el gravamen de los actos o negocios de naturaleza económica, a través de figuras tributarias que recojan mejor la actividad desarrollada en el ámbito local, deberían formar parte esencial del sistema fiscal, al tiempo que cabría la posibilidad de establecer un cierto gravamen sobre la renta personal, a partir de una cierta dimensión. En todo caso, se dice que los beneficios fiscales han de ser limitados, lo que supone dejar la política social por la vía del gasto.
También se señala la necesidad de otorgar un mayor protagonismo a las figuras basadas en el principio del beneficio. La aplicación de cargas sobre el usuario (tasas, precios públicos y, eventualmente, contribuciones especiales) debería ampliar su campo de acción en el mundo local, en la medida en que buena parte de los servicios que prestan los gobiernos locales tienen las características adecuadas para su utilización. La extensión de la aplicación de este principio permitiría además contrarrestar la rigidez del uso de la población de derecho como criterio básico de necesidad y, así, lograr una mejor adecuación entre la financiación y los usuarios de los servicios locales, al introducir factores de racionalidad y control, tanto en la demanda de los servicios públicos como en la oferta.
Igualmente necesario sería abrir una reflexión sobre el papel reservado a las Diputaciones Provinciales en la financiación de determinadas competencias y articular mecanismos estables de financiación más acordes con la naturaleza de sus intervenciones, aspecto éste que también debería alcanzar al conjunto de las instituciones de carácter supramunicipal.
Sistema dual de financiación
Dada la enorme diversidad del mundo local español, el documento propone establecer un sistema dual de financiación cuyas bases diferenciales tendrían como elemento de referencia el tamaño de los municipios, en términos de población.
Los municipios más pequeños, con población inferior a 10.000 o 20.000 habitantes, cuyas competencias se ciñan a la prestación de servicios básicos de índole territorial, contarían con un sistema de financiación muy simple, cuyo contenido vendría determinado por la fijación de los tributos obligatorios actualmente vigentes, convenientemente reformados, y una transferencia incondicional con base en la población, suficiente para cubrir con garantías las necesidades emanadas de las competencias legalmente asumidas. En los casos de especial minifundismo local, las competencias deberían incrementarse para garantizar la prestación de los servicios, independientemente de su capacidad fiscal.
Por su parte, en los municipios de mayor dimensión, responsables de la prestación de servicios de naturaleza más personal, entre los que cabe destacar los vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia, deberían reforzarse los sistemas de participación en las figuras tributarias más fácilmente territorializables, flexibles y vinculadas a la capacidad económica de los ciudadanos, lo que implicaría una mayor corresponsabilidad fiscal. Estas participaciones se complementarían con otras transferencias incondicionadas de carácter nivelador, cuyo reparto estaría basado en algún indicador de las necesidades de gasto y otro que representa la inversa de la capacidad fiscal.
Los recursos de ambos sistemas evolucionarían según el ritmo del crecimiento de los ingresos del Estado. De igual forma, se entiende que la diversidad en el seno del municipalismo español no puede llevar en ningún caso al establecimiento de sistemas financieros a la carta, razón por la que las situaciones particulares, una vez identificadas y justificadas, deberían abordarse mediante instrumentos específicos y no a través de modificaciones del propio sistema de financiación general.
En lo que respecta la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas, la propuesta es tajante: se considera que ha llegado el momento de que las transferencias de fondos autonómicos tengan un marcado carácter incondicionado.
El Presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, y el Presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, Juan María Vázquez, han informado que se seguirá trabajando sobre estas y otras ideas básicas, incluso durante el periodo electoral, con en fin de estar preparados para cuando inicie el proceso de debate con el Gobierno.
Heliodoro Gallego ha recordado de nuevo el compromiso del Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y del Vicepresidente, Pedro Solbes, de apoyar la presencia de la FEMP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano llamado a analizar, debatir y negociar la financiación de Comunidades Autónomas, “y el adecuado para abordar de forma simultánea la financiación local”.
Financiacion-pdf.pdf (52,15 kB)
Fuente: cartalocal.es